Por Ailín Colombo
Llueven causas judiciales, represión y allanamientos contra las y los opositores a la reforma constitucional jujeña impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Gerardo Morales que, con respaldo de la Justicia, avanza con la criminalización de la protesta.
A la represión directa contra las manifestaciones de las últimas semanas, a casi mes de la aprobación de la reforma, el gobierno de Jujuy continúa con otra estrategia y suma detenciones a militantes y manifestantes así como el hostigamiento. Aún así, siguen activos cortes de ruta y bloqueos.
Como Onganía
La policía provincial ingresó ayer a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Armados y a la fuerza, los efectivos irrumpieron mientras el Consejo Superior sesionaba junto con el gremio docente y estudiantes para debatir su pronunciamiento contra la reforma constitucional y la represión en la provincia.
Al igual que en la dictadura de Onganía en 1966, cuando la Policía Federal desalojó algunas facultades de la UBA, fue violada la autonomía universitaria, derecho conquistado en la Reforma universitaria de 1918. Además, el hecho viola la Ley de Educación Superior, que establece que las fuerzas represivas no pueden ingresar a las universidades nacionales sin orden de un juez o solicitud a sus autoridades.
Detenciones y allanamientos
La Justicia ordenó la captura y allanamiento a los domicilios de cerca de cuarenta personas que participaron de manifestaciones, de ellas, veintidós asistieron a las protestas del 30 de junio pasado en el Concejo Deliberante de Humahuaca, en la que un joven perdió un ojo a raíz de la represión.
Entre los manifestantes con pedido de captura hay referentes de organizaciones sociales, políticas, gremiales e indígenas. Algunas de las detenciones se hicieron efectivas ayer mediante operativos irregulares, según organizaciones y familiares, ya que no fueron informados en tiempo y forma sobre el paradero de los detenidos.
El Centro de Estudios Legales (CELS) solicitó ayer la intervención de Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Jujuy ante la violación de derechos humanos de las poblaciones indígenas. Además, denunció que a los manifestantes con orden de captura se les acusa de delitos graves como sedición y privación ilegítima de la libertad “para garantizar que queden detenides y generar miedo”.
“Siguiendo las directivas del gobierno provincial, los fiscales están imputando el delito de ‘sedición’. Pretenden así que la protesta sea considerada como un alzamiento contra el gobierno”, explicó el CELS vía Twitter. Por otro lado, se los acusó de privación de la libertad porque, según el fiscal, concejales permanecían en el edificio durante la manifestación en el Concejo Deliberante de Humahuaca.
Entre los detenidos se encuentra José Iván Blacutt, docente de la UNJu y precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. Así también, tienen orden de detención una serie de abogados, entre ellos, Alberto Nallar – detenido ayer al mediodía –, defensor de detenidos durante las protestas que denunció a Morales por incumplimiento de la Constitución Nacional.
Condenas
La semana pasada comenzaron las condenas. Ocho de los 100 imputados por el Código Contravencional provincial – que tiene carácter constitucional a partir de la reforma – por manifestarse fueron sentenciados a multas que van desde 40 mil a 2 millones de pesos y a tareas comunitarias, entre ellos, un joven con retraso madurativo.
Milagro Sala
Mientras tanto, Morales aprovecha para continuar con la persecución a la referente de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, ya que el 29 de junio pasado, la Justicia ordenó el allanamiento de la casa donde permanece en prisión domiciliaria en un intento de vincularla con las manifestaciones frente a la legislatura.
El 20 de junio, tras aprobarse la reforma constitucional mediante una sesión exprés, sindicatos, organizaciones sociales, políticas e indígenas convocaron una marcha esa madrugada en repudio a la medida. A este hecho se busca vincular a Sala a pesar de que se encuentra detenida.
Se efectiviza la reforma
Tras esta serie de hechos, Morales hace efectiva sus promesas de “mano dura” contra las protestas, derecho constitucional que prohibió en la nueva Carta Magna provincial. “En el ataque a la legislatura se han cometido delitos muy graves. Los daños que tenemos calculados son de mil millones de pesos, se van a reclamar y además, multas por corte cuyo piso es de 2 millones. Y lo delitos van de 5 a 25 años”, aseguró el gobernador.
Así también, el gobierno jujeño interviene como querellante de las causas abiertas durante las manifestaciones. El informe de la Fiscalía del Estado sostiene que la medida busca “garantizar que se condene a los autores materiales, partícipes necesarios e instigadores con el máximo de penas”. A pesar de estos intentos de desarticular las protestas, a un mes del inicio de las manifestaciones, no cesan.
