Allanamientos a los movimientos sociales: La respuesta de los dirigentes populares.
Ayer Lunes por la tarde, en una conferencia de prensa en el centro porteño, frente al Congreso de la Nación, los dirigentes respondieron a la operación judicial, política y mediática que realizó el gobierno nacional.
“Los allanamientos son porque estamos luchando contra el hambre, contra los narcos, para que nuestros compañeros tengan trabajo. No porque ninguno de los de acá se beneficie con nada. Somos los que ponemos el cuerpo donde no está el Estado, la política y donde no hay nadie. No tenemos nada que ocultar. Muchos de los que estamos acá tenemos más de tres trabajos para poder sobrevivir”, expresó Carlos Fernández del FOL, uno de los referentes allanados de manera violenta e irregular.
En el marco de una denuncia realizada por el gobierno nacional bajo el auspicio de la ministra Patricia Bullrich en el que se acusa a integrantes de los movimientos sociales por “exigir coactivamente” a quienes cobran los mal llamados planes sociales “su participación en marchas” y/o “la entrega de una porción del dinero”, la policía federal realizó allanamientos.
Estos allanamientos, realizados en domicilios particulares de militantes, sedes de los movimientos y comedores populares, fueron ordenados por la Sala 1° de la Cámara Criminal y Correccional Federal a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, basada en denuncias a la línea 134.
“Esta es una causa contra las organizaciones que estamos luchando contra el Gobierno porque ha abandonado a su suerte a las personas que tenían la necesidad de ir a un comedor social”, planteó al inicio Eduardo Belliboni del Polo Obrero. “Estamos frente a un Gobierno que quiere destruir la organización popular… nos vamos a defender en todos los terrenos”.
El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo expresó su solidaridad y afirma que “lo que ha pasado hoy se inscribe en una política de atacar sistemáticamente a todos aquellos que hemos decidido hacer visible que este Gobierno no vino a ajustar a la casta política ni a los empresarios prebendarios, sino que vino a empobrecer al 80% de la población argentina”.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy afirmó que utilizan a “un sistema judicial al servicio de los ricos y las multinacionales” para “gobernar por decreto por cuatro años y arrasar con la democracia”.