|Por Ana Paula Farbman

“Parecen monos, dejen de tirar bengalas. Hay más de 6.000 personas y no hay ventilación, se va a incendiar todo y no van a poder salir” advirtió Omar Chaban antes que la banda saliera a tocar. República Cromañon era un espacio que Chaban inauguró en abril del 2004 para suplantar a Cemento, que ya quedaba chico para las bandas que, en este punto de la historia, crecían masivamente.

El ingreso con pirotecnia estaba prohibido, sin embargo, en el primer tema de la banda Callejeros, una bengala incendió la media sombra del techo, y una noche, que debería haber sido un disfrute para cientos de jóvenes, terminó siendo la catástrofe que terminó con la vida de 194 personas y fue también el acontecimiento bisagra para abrir los ojos ante las irregularidades, que acabó por cambiar la seguridad en los locales culturales de la ciudad y de todo el país.

Cromañón, así como otros espacios, funcionaba sin la correcta infraestructura ni seguridad mientras Aníbal Ibarra era el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El establecimiento estaba lleno de gente, excesivamente por encima de lo permitido. Cuando el incendio comenzó a propagarse, las luces se cortaron y sólo un cartel de SALIDA guiaba a la multitud. La puerta de emergencia estaba cerrada con candado y se amontonaron en la única salida posible, que fue una trampa mortal.

Tres años después de la tragedia, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la superintendencia de Bomberos porque recibían coimas de empresarios, así como también, a funcionarios y funcionarias que incumplieron el control, la coordinación y la seguridad en materia de habilitación y permisos. También fueron juzgados el gerenciador de Cromañón Omar Chabán y los músicos de Callejeros. Juicios múltiples para una causa que no tiene un solo culpable, sino que fue producto de una cadena de negligencias donde, como dice la consigna, “ni la bengala, ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción”.

La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires acusó a Anibal Ibarra, quien fue destituido por desatención de alertas institucionales que hacían previsible que algo así ocurriera ​y la falta de previsión para una tragedia de esta naturaleza, entre otras consideraciones que hicieron que Ibarra sea visto por muchos sectores como uno de los mayores responsables de este acontecimiento.

La tragedia de Cromañón, que provocó 194 muertes y miles de heridos y lesionados, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se pidió al organismo que dicte una medida cautelar para ordenarle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que aporte los fondos necesarios para solventar los tratamientos psiquiátricos y psicológicos de sobrevivientes de la tragedia. Los juicios indemnizatorios comenzaron en 2005 y aún continúan.

La bandera con el arte del disco “Rocanroles sin destino” que Callejeros usó para sus shows en diciembre de 2004 quedó colgada por 14 años en el interior de Cromañón, así como las zapatillas, mochilas, llaves y banderas de quienes asistieron. El local estuvo cerrado y a cargo de la Justicia desde que ocurrió el hecho. En abril de 2016, el Tribunal Oral Criminal 24 –que hizo tres de los cuatro juicios por el caso– levantó los embargos y las inhibiciones. En octubre de 2018 se dispuso la restitución definitiva del lugar a Nueva Zarelux S.A, la empresa offshore dueña del lugar, porque las causas judiciales estaban cerradas.

Rafael Levy, dueño de la empresa, cumplió su condena de cuatro años y medio en prisión y decidió limpiar el espacio, pintar las paredes y quitar todos los recuerdos de esa noche. Familiares y sobrevivientes reclaman que el lugar sea expropiado por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para convertirlo en un espacio de memoria.